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No obstante, la ley se ha convertido en un grito de batalla para los conservadores y se han presentado más de dos docenas de acciones judiciales ante los tribunales federales desde que Obama firmó la ley, en marzo del 2010, según Kaiser Health Network, que lleva un seguimiento de la evolución de 26 de esos litigios.

El caso de más relieve lo presentaron principalmente las autoridades republicanas en 26 estados, la Federación Nacional de Empresas Independientes (National Federation of Independent Business) y dos personas. El 12 de agosto, el Décimo Primer Tribunal de Circuito, en Atlanta, dictaminó con dos votos a uno que el Congreso había excedido su autoridad constitucional al exigir que todas las personas estén aseguradas para el 2014, o aquellas que no lo estuvieran tendrían que pagar una multa.

Este pronunciamiento judicial ha sido el mayor golpe hasta ahora en el esfuerzo del Gobierno del presidente Obama por reformar el sistema de salud, pero la noticia no fue del todo tan mala, ya que el Décimo Primer Tribunal de Circuito se rehusó a eliminar la totalidad de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, como sí lo hizo el juez de distrito de Florida.  Es más, el tribunal de apelaciones también mantuvo la expansión de Medicaid mediante la cual alrededor de 16 millones de estadounidenses recibirán cobertura médica.

Anteriormente este verano, el Sexto Circuito en Cincinnati apoyó a Obama con dos votos a uno a favor de la ley. Pero los demandantes en ese caso han presentado una apelación ante el Tribunal Supremo, y el Gobierno de Obama tiene hasta el 29 de agosto para responder.

Después de las intensas batallas partidistas sobre la aprobación de la ley, la naturaleza bipartidista de las decisiones de apelación ha sorprendido a algunos.  En el tribunal de Cincinnati, el conservador y republicano, el juez Jeffrey Sutton, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, se unió al demócrata Boyce F. Martin Jr., nombrado por Jimmy Carter, para apoyar la ley.

En el tribunal de Atlanta, el magistrado en jefe, el juez Joel F. Durbina, nombrado por el presidente George H. W. Bush, y el juez Frank M. Hull, nombrado por Bill Clinton, se unieron para oponerse al requisito legal.

“Estas dos decisiones eliminaron la idea de que los tribunales pudieran tener motivaciones políticas”, dice Perkins, del National Heath Law Program, quien escribió un informe amicus curiae (amigo de la corte o tribunal) en el caso multiestatal de apoyo a la ley.

Hay otros dos casos que han llegado al nivel del tribunal de apelaciones, y se espera un pronunciamiento sobre ambos en un futuro próximo en el tribunal del Cuarto Circuito, en Richmond.  Estos casos han sido combinados y se oponen a la obligación individual.

Si el Gobierno de Obama quisiera ralentizar el proceso, dice Joondeph, podría esperar la totalidad de los 90 días permitidos antes de presentar una petición de revisión judicial de la decisión del Décimo Primer Circuito ante el Tribunal Supremo.  Orin S. Kerr, profesor de derecho en la George Washington University y exsecretario legal del magistrado Anthony Kennedy, piensa que el Tribunal Supremo no tiene ninguna prisa en conocer el caso.

“Los tribunales inferiores están apenas comenzando a evaluar la constitucionalidad del requisito, y cada nueva opinión ofrece una perspectiva nueva... Utilizando una expresión del Tribunal Supremo, los magistrados querrán que ‘se filtre’ el tema”, escribe Kerr en un blog sobre el Tribunal Supremo (en inglés).

Marsha Mercer, del norte de Virginia, escribe sobre temas relacionados con políticas públicas.

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