Desde su victoria el domingo, Peña Nieto ha repetido una promesa de campaña de construir una fuerza policiaca paramilitar de 40.000 miembros que su gobierno enviaría a las áreas más afectadas por el crimen organizado.

La creación de la fuerza parece al menos en parte encaminada a mitigar las críticas de la abrumadora dependencia de Calderón en el ejército y la armada para enfrentar a los cárteles. Grupos de derechos humanos y expertos en política dicen que esto ha provocado violaciones a los derechos humanos, un énfasis excesivo en la fuerza y el retraso de la conformación de una fuerza policiaca civil capaz.

Sin embargo, los nuevos gendarmes de Peña Nieto en su mayoría serían reclutados de las filas de las fuerzas armadas, levantando dudas de si el plan es simplemente vestir a los militares con un nuevo uniforme.

El presidente electo ofreció el lunes un nuevo detalle de la propuesta Gendarmería Nacional, al publicar en el diario The New York Times que la fuerza será desplegada específicamente en áreas rurales.

Alejandro Hope, analista de seguridad y ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la oficina de inteligencia de México, describió la gendarmería como un plan a medias. Indicó que esto podría debilitar a las fuerzas armadas si se retiran a los militares más capacitados y advirtió contra sacar los elementos de seguridad de las áreas urbanas violentas donde más se necesitan, en particular en los estados fronterizos tan problemáticos como Coahuila y Tamaulipas.

"¿Quién patrullará las calles de Nuevo Laredo o Torreón?", dijo Hope. "Creo que no han pensado a fondo su posición".

Peña Nieto también dice que quiere aumentar el gasto en seguridad y prácticamente duplicar las filas de la policía federal en 35.000 oficiales, siguiendo con la estrategia de Calderón de crecer la fuerza nacional y utilizarla en lugares donde la policía local es débil o corrupta.

También desea consolidar a miles de fuerzas de policía locales que son notoriamente inefectivas con las 31 fuerzas estatales, otra idea propuesta pero sólo completada en parte con Calderón.

La similitud de los planes anunciados por Peña Nieto con los de su antecesor ha alimentado las dudas.

"Estoy más y más convencido de que ellos realmente no tienen un borrador", dijo Eric Olson, director asociado del Instituto México en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, en Washington.

El historial de Peña Nieto como gobernador en el estado de México, adyacente a la capital del país, también apunta a la probabilidad de que continúe la lucha nacional contra las drogas. En su mandato hubo una agresiva política contra el crimen organizado, pero sin resultados importantes en el número de crímenes violentos.

En una decisión vista como un gesto para asegurar a Estados Unidos su compromiso en la lucha contra las drogas, Peña Nieto contrató al general retirado Oscar Naranjo, el respetado ex director de la policía nacional de Colombia, como asesor externo para su gabinete de seguridad que todavía tiene que ser nombrado.

Sin embargo, Naranjo no ha ofrecido pistas de las propuestas que tiene para México, y eso ha provocado escepticismo sobre si desde afuera será capaz de influenciar en las decisiones al gabinete y la cadena militar de mando.

"Naranjo no va a desempeñar un papel importante. Es un ardid publicitario", dijo Hope. Él va a escribir un par de artículos y dar un par de conferencias".

Un freno para el poder de Peña Nieto va a ser su inesperadamente pequeño margen de triunfo, que le dio apenas 38% de los votos — una ventaja de menos de siete puntos sobre Andrés Manuel López Obrador. Además, el PRI no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

Una situación similar obstaculizó la capacidad de Calderón de conseguir aprobación legislativa para sus propuestas reformas estructurales de las agencias del orden en México. Pero algunos expertos piensan que las habilidades políticas de Peña Nieto le van a permitir conseguir algunos cambios.

"Él tiene habilidades de las que carece Calderón. Tiene operativos de primera y es un operativo político de primera", dijo Luis Rubio, presidente del independiente Centro de Estudios del Desarrollo.

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La periodista de Associated Press Adriána Gómez Licon contribuyó a este despacho.

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