In English | Unos 26.000 empleados actuales y pasados de CIGNA demandaron a la empresa por no haber recibido una descripción correcta de su plan de prestaciones laborales, como lo exige la ERISA (Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados). En el caso de Amara contra CIGNA Corp., la Corte Suprema tendrá que decidir si los demandantes tienen que probar individualmente que fueron perjudicados por las declaraciones equívocas de la empresa o meramente mostrar “el posible daño” para los empleados en su totalidad.

Este caso de demanda colectiva, que data del 2001, surge de la conversión que hizo CIGNA en 1998, del plan de jubilación tradicional a un “plan de saldo en efectivo” (En inglés). Los planes 401(k) tradicionales pagan a los jubilados una cantidad anual de por vida, en función mayormente de sus años de servicio y su salario, y los fondos se mantienen en una cuenta aparte para cada participante del plan. Los planes de saldo en efectivo comienzan con un hipotético “saldo inicial” (hipotético porque no está respaldado por fondos en una cuenta aparte), que crece con el tiempo.

Los empleados mayores son generalmente quienes sufren en la conversión del plan tradicional al de saldo en efectivo, porque los beneficios acumulados pueden quedar congelados hasta que los beneficios del nuevo plan superen los del plan anterior. Este período sin crecimiento, generalmente conocido como de “período de desgaste” puede durar años, como ocurrió con algunos empleados de CIGNA.

Aunque CIGNA les prometió a los empleados que sus prestaciones bajo el nuevo plan serían “comparables” o “superiores” a las que tenían con el plan 401(k), para muchos no resultó ser cierto.

¿Qué está en juego? Los empleados actuales y pasados de CIGNA probablemente no son los únicos que se verán afectados por la decisión de la Corte Suprema sobre el caso. Uno de cada tres estadounidenses de edad avanzada recibe ingresos de un plan privado o gubernamental de jubilación, según el Pension Rights Center.

¿Cuál es la postura de AARP? En su presentación de amicus curiae (amigo del tribunal), AARP alega que el proceder de CIGNA “impedirá la recuperación de [las prestaciones de jubilación] para todos menos un mínimo número” de empleados.