El Departamento del Tesoro de Obama deberá decidir a quién le paga. El hecho de no pagar los cheques del Seguro Social dejaría a los adultos mayores necesitados abandonados y provocaría una tormenta política. No pagarles a los empleados públicos ni a las tropas militares conlleva sus propios riesgos. Y no pagarle a los tenedores de bonos titulares de la deuda de la nación podría tener efectos de mayor trascendencia en la economía.

Si los inversores ven a los bonos como una inversión más riesgosa después de la suspensión de pagos, demandarán tasas de interés más altas. Esto provocará que el gobierno federal deba pagar intereses adicionales y también aumentarán las tasas para las compras de viviendas y para los consumidores que tienen que pagar cuotas de tarjetas de crédito.

La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service dijo el miércoles que ya está evaluando si debe bajar la calificación crediticia impecable de los bonos del gobierno.

La idea de la suspensión de pagos ha provocado una fisura dentro del Partido Republicano. La candidata presidencial Michele Bachmann de Minnesota dijo esta semana que a ella no le parecía peligroso no aumentar el límite máximo de la deuda y acusó a la Casa Blanca de utilizar tácticas de amedrentamiento.

Pero el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo el miércoles que "no podemos jugar el juego de la gallina con la plena fe y crédito del gobierno de Estados Unidos."

¿Hay alguna salida a esta encrucijada?

El líder del bloque republicano del Senado, Mitch McConnell esta semana presentó una propuesta que le permitiría a Obama aumentar el límite máximo de la deuda hasta la próxima elección sin la aprobación explícita del Congreso. Ese plan, que estaba recibiendo apoyo de ambos partidos en el Senado, evitaría la suspensión de pagos y trasladaría el riesgo político de elevar el límite de la deuda a Obama.

Obama estableció como plazo máximo de negociación el 22 de julio para llegar a un acuerdo sobre el inmenso déficit, a pesar de que el plan de McConnell fue un indicio claro de que muchos legisladores creen que no será posible llegar a un acuerdo.

Los republicanos han presionado mucho para que se realicen importantes recortes de gastos sin aumentar las tasas impositivas y los conservadores decidieron no moverse de esa posición. Los demócratas han manifestado que asumirán el compromiso y recortarán programas como el Seguro Social y Medicare, pero únicamente si también se aprueban mayores ingresos impositivos.

La idea preeminente para recortar el gasto del Seguro Social es alterar la forma en que se calculan los aumentos en el costo de vida.

Certner se reunió el jueves con los directivos de AARP de todo el país tratando de presionar al Congreso para que no toquen al Seguro Social ni a Medicare mientras resuelven el problema del déficit.

"El Seguro Social es un programa que se financia en forma independiente. No provoca el déficit. No deberíamos realizar recortes al Seguro Social para tratar de solucionar el déficit en una parte del presupuesto no relacionada con el Seguro Social", afirma Certner.

Pero Stone dice que existe un acuerdo generalizado de que la medición de la inflación utilizada por el gobierno federal para calcular los ajustes en el costo de vida exagera la inflación. El nuevo método, denominado índice de precios al consumidor "de ponderaciones encadenadas" tendrá en cuenta que las personas toman decisiones distintas cuando los precios aumentan. La nueva fórmula probablemente también se aplique a las pensiones de la administración pública y de los militares como así también a las categorías del impuesto sobre la renta y a las excepciones y deducciones estándar, afirma Stone. Esto generaría pensiones más bajas e impuestos más altos.

El impacto del cambio comenzará de a poco. En el primer año, el jubilado promedio recibirá un cheque con $43 menos en comparación con el sistema anterior. A medida que los jubilados envejecen, el impacto acumulado podría significar hasta un 10% menos cuando una persona cumpla 90 años.

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