Tras meses de espera, el Departamento de Justicia anunció ayer su decisión de demandar al estado de Arizona por la ley SB1070. También exigió una suspensión preliminar y permanente para impedir que la legislación entre en efecto.

Esa es una resolución que ahora está en manos de la corte de distrito de Arizona, mientras el miedo entre los inmigrantes persiste.

Con base en el argumento de que la ley SB1070 no es válida desde un punto de vista constitucional, que viola la cláusula de supremacía, que da un derecho preferente a la ley federal en materia de inmigración, la Administración de Barack Obama emitió su pronunciamiento.

La demanda especifica también que la ley implicará una carga de trabajo para agencias federales, las que deberán distraer sus recursos de objetivos prioritarios, como extranjeros involucrados en actividades terroristas. Además, repercutirá en el acoso a inmigrantes permanentes y turistas.

Funcionarios  de Justicia aseguraron que esperan que la oficina de la gobernadora Jan Brewer intente contrarrestar este esfuerzo ante el tribunal, partiendo por la entrada en vigencia de la legislación.

Considerando que existen otras cinco demandas interpuestas contra la ley SB1070, cuyas audiencias están programadas para el 15 y 22 de julio, el gobierno espera ser incluído en ese calendario o en una fecha similar, a fin de presentar sus argumentos. Asimismo, se introdujo una moción para que el caso sea transferido al mismo juez que está analizando los otros litigios, es decir, Susan Bolton.

Hasta el momento diversos estados han manifestado su intención de presentar iniciativas similares a la ley SB1070, un tema que sin lugar a dudas preocupa al gobierno. Sin embargo, cuestionados por la posibilidad de presentar demandas similares, el Departamento de Justicia asegura que analizarán los casos uno a uno, cuando lleguen. 

La discriminación por el perfil racial no está dentro de los argumentos principales elaborados por el gobierno, a pesar de que ha sido uno de los elementos más destacados por agentes de policía y organizaciones de derechos civiles.

Fuentes al interior del Departamento de Justicia aseguraron que si la ley entre en efecto, la vigilarán muy de cerca. Si nos enteramos de cualquier violación a los derechos civiles, eso es algo sobre lo cual actuaremos. Tenemos la autoridad de hacer eso y la usaremos, dijeron.

Una situación que desde la perspectiva del jefe de policía de Salt Lake City, Utah, Chris Burbank, ocurrirá de seguro. "Estamos marginando a un segmento de nuestra población y diciendo que no tienen el derecho de poseer las mismas protecciones bajo la ley. Cuando se habla de 'sospecha razonable', eso se está basado netamente en el comportamiento, y a los policías se les enseña que hagan un perfil sobre conductas criminales”, explica.