Cuando un agente efecto decisiones sobre el estatus legal de una persona, basado en esto, está mal en diversos niveles e implica que tenga una actitud que está prohibida en la Constitución.

Diversas entidades  pro inmigrantes, sindicatos, representantes religiosos y del campo, acogieron con alegría la decisión de la Administración Obama, usándola como una oportunidad para recalcar que la decisión es un paso importante pero no suficiente en la ausencia de una reforma migratoria.

Esta reafirmación de autoridad federal nos debe recordar que Arizona y otros estados han decidido tomar este tipo de acciones debido a la frustración con nuestro sistema migratorio roto. Esperamos que la acción federal sea el primer paso en un esfuerzo para traer una solución integral a este problema declaró Deepak Bhargava, director ejecutivo de Center for Community Change.

Por otro lado, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), señala en un comunicado que el gobierno federal atenta restablecer su derecho fundamental a redactar, implementar y defender leyes que rigen a esta nación.  El reto legal a la SB1070 es un paso sumamente importante en la lucha en contra del racismo y la intolerancia.

Asimismo, María Elena Durazo, secretaria tesorera de la AFL-CIO en Los Ángeles, expresa su beneplácito, también mediante un comunicado, de estar en Phoenix en el momento en que se presentaba la querella judicial.

Me estoy reuniendo con lí­deres laborales, comunitarios y electos para empezar a establecer las bases de una relación duradera entre los latinos trabajadores de Los Ángeles y los de Arizona, dijo Durazo. Regresar a Arizona el 29 de julio con más de 500 sindicalistas de Los Ángeles, así como con lí­deres comunitarios y religiosos, que con energía estarán dispuestos a brindar su solidaridad y apoyo a nuestros hermanos y hermanas que cambiarán el rostro político de Arizona.

Por otra parte, las reacciones opuestas tampoco se hicieron esperar. Los senadores republicanos del estado de Arizona, Jon Kyl y John McCain, aseguraron en una declaración que es muy prematuro para que el gobierno desafíe la legalidad de esta nueva ley, considerando que todaví­a no se ha puesto en marcha. La mayoría de los expertos cree que ese reto al estatuto será muy difícil de ganarla.

Además, los estadounidenses deben estarse preguntando si el gobierno está¡ realmente comprometido con asegurar la frontera, cuando demanda a un estado que simplemente está tratando de proteger a sus habitantes, señalaron.

Lí­deres comunitarios y religiosos, provenientes de Arizona, quienes llegaron a Washington ayer tras una travesía de tres días, se mostraron alentados por la demanda, pero puntualizaron que probablemente no cambiará el sentimiento predominante entre los indocumentados.

Las familias hispanas en Arizona continuarán con miedo. Espero que no sigan emigrando a otros estados como hasta ahora. Pero siempre persiste el miedo de lo que pueda hacer el gobierno estatal, dijo Ramán Rodríguez, quien integra la delegación.

En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Alrededor de 460,000 son indocumentados. El gobierno federal intenta restablecer su derecho fundamental a redactar, implementar y defender leyes que rigen a esta nación.  El reto legal a la SB1070 es un paso sumamente importante en la lucha en contra del racismo y la intolerancia.