Medicaid, además, cumple un papel importante dentro del acuerdo que existe entre el Gobierno y las entidades privadas para proporcionar atención médica a la gente. El programa está destinado a pagar los servicios que reciben aproximadamente dos terceras partes de los residentes de hogares de ancianos. Cubre servicios a domicilio como, por ejemplo, visitas de enfermeras y asistentes de salud a acianos que no pueden movilizarse fácilmente pero viven en sus casas.

“Alrededor del 30 % de los que cumplan 65 años tendrán costos [por servicios y apoyo a largo plazo] que excederán su capacidad de pago y necesitarán, en algún punto, la asistencia de Medicaid”, señaló AARP en una carta que envió al Congreso el año pasado.

Dos problemas surgen respecto de Medicaid. El primero es la ampliación del programa que prevé la ley de salud del presidente Obama para el 2014. Los adultos mayores que ganen hasta un 138 % dentro el margen de pobreza —o unos $15.400 al año— calificarán para el programa. El gobierno federal cubriría el 100 % de los costos de la ampliación del programa durante los tres primeros años; vencido ese plazo, comenzaría a reducir su aporte gradualmente hasta llegar al 90 % de ese valor. Los estados recabarían la diferencia. Varios estados se encuentran evaluando la conveniencia de aceptar el trato.

Segundo, en Washington, algunos están considerando reducir el gasto, en tanto otros impondrían límites a los gastos de Medicaid, per cápita.

Aplicar recortes fragmentados no es la manera de proceder, dice Ariel Gonzalez, director de salud federal y defensa familiar de AARP. “Medicaid es apenas un eslabón en la cadena que llamamos sistema de salud”, dijo. “El recortar los gastos del Gobierno mediante la reducción de costos [en Medicaid y Medicare] solamente traslada los costos a otros y conduce a la pérdida de la atención médica que es tan importante”.

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