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Política migratoria

Un giro de 180 grados en inmigración

Obama suspende las deportaciones de indocumentados que no tengan antecedentes penales.

La enorme comunidad de inmigrantes en Estados Unidos despertó inesperadamente el viernes bajo una sociedad más justa y sensata tras el anuncio del gobierno del presidente Obama de suspender las deportaciones, revisar uno por uno los 300,000 casos actualmente en las cortes de inmigración y autorizar a permanecer en el país a todo el que no tenga antecedentes penales.

Vea también: 10 eventos que impulsaron la inmigración.

Consciente de que el clima político del Congreso está lejos de ser propicio para legislar en un plazo cercano una reforma migratoria total, el presidente ha optado por actuar por su cuenta y dar un primer paso hacia la estabilización de los millones de indocumentados que se encuentran en el país.

“Se estarán aplicando criterios de mayor sentido común al tomar estas decisiones, tales como lazos y aportes a la comunidad, relaciones familiares y récords militares”, dijo Cecilia Muñoz, directora de asuntos intergubernamentales de la administración, en el blog de la Casa Blanca. “En un final, esto significa ejercer más presión para hacer cumplir la ley donde más cuenta y no donde menos cuenta. Es la manera más inteligente de aplicar la ley mientras seguimos enfocados en trabajar con el Congreso para reformar el sistema”.

Es un impresionante giro de 180 grados si se considera que en los casi tres años del gobierno de Obama se han producido más deportaciones que bajo los ocho años del gobierno de George W. Bush. Sólo en este año fiscal, por ejemplo, se calcula que las deportaciones alcanzarán la cifra de 400.000, 10 por ciento más que en 2008 y 25 por ciento más que en 2007.

El argumento principal que da base a la nueva política es el grave problema de embotellamiento que existe en las cortes de inmigración con deportaciones de “baja prioridad”, personas que nunca han cometido un delito en Estados Unidos y no representan una amenaza para la sociedad. La idea es concentrar los recursos humanos y financieros en la deportación de aquellas personas que hayan sido acusadas, por ejemplo, de tráfico de drogas, participación en pandillas de delincuentes y otros crímenes.

Los críticos de la nueva política, desde luego, ya están acusando a la administración de facilitar una “puerta trasera hacia la amnistía”, insistiendo en que la solución del problema migratorio es la mano dura y la defensa de nuestras fronteras. Sin embargo, aunque transitoria, esta nueva medida es un paso significativo para aliviar la situación hasta que el Congreso decida enfrentar la realidad y crear una ley que abarque de manera total la reforma migratoria que el país está pidiendo a gritos.

Otros críticos señalan, bastante acertadamente por cierto, que esta decisión a poco más de un año de la elección presidencial de 2012 forma parte de una gran estrategia de Obama para asegurar el voto hispano en su posible reelección. Como se sabe, el tema que más interesa a los latinos en Estados Unidos, según todas las encuestas, es precisamente el de inmigración. Y los líderes de esa comunidad —la cual según el censo del año pasado suma ya más de 50 millones— han criticado frecuentemente al presidente por no haberlo incluido entre sus más altas prioridades desde que tomó posesión.

Aunque la nueva política no establece límites en la edad de los beneficiados, es obvio que incluirá a los jóvenes que inspiraron el proyecto de ley conocido como DREAM Act, el cual incluía a aquellos que habían entrado al país ilegalmente como niños acompañando a sus padres y que habían seguido una trayectoria impecable durante su crecimiento. El DREAM Act ofrecía a estos jóvenes un camino hacia la legalización de su estatus de residencia permanente y eventual ciudadanía si al terminar sus estudios secundarios se matriculaban en la universidad o ingresaban en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La medida anunciada el jueves incluirá a todo el que tenga un récord limpio: ancianos, mujeres embarazadas, veteranos, soldados y aquellas personas que tengan enfermedades graves o incapacidades físicas. Evitará además la frecuente división familiar producida cuando algunos miembros de una familia eran deportados mientras otros permanecían aquí.

La flexibilidad de esta nueva medida permitirá a los encargados de hacer cumplir las leyes concentrar sus esfuerzos enérgicamente en mantener fuera de nuestro territorio a criminales y otros que puedan hacer daño a sus comunidades, mientras dan la bienvenida a aquellos que pagan sus impuestos, cumplen las leyes y hacen aportes importantes al país mientras se ganan el derecho de ser parte de nuestra sociedad.

El contenido de esta columna refleja estrictamente la opinión del columnista y no la postura de AARP. AARP es una organización no partidista, sin fines de lucro que ayuda a las personas mayores de 50 años de edad a ser independientes y a ejercer control de sus vidas de manera asequible y que les beneficie a ellos y a la sociedad. AARP no respalda a ningún candidato a cargos públicos ni dona a campañas políticas ni a ningún candidato.

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