Continúa la confusión entre los inversionistas

Los consumidores se confundieron con respecto a las tarifas y los costos. Los participantes se sorprendieron con los tipos y la cantidad de tarifas descritos en la sección de “Costos y tarifas” del CRS. Entendieron que los asesores de inversión suelen cobrar un porcentaje según el valor total del capital que estén gestionando y que los corredores-intermediarios se ganan una comisión con base en cada transacción. Pero lo que en realidad los consumidores deseaban ver en el documento del CRS eran ejemplos reales de los costos, para que pudieran tener una idea de cuánto terminarían pagando. 

El efecto de los conflictos de intereses no fue lo suficientemente claro. Las personas entrevistadas entendieron que sus inversiones podrían verse afectadas si un asesor o un corredor-intermediario tuviera algún conflicto de intereses, pero el documento propuesto no los ayudó a reconocer dichos conflictos. También se dieron cuenta de que estos conflictos suelen significar que los asesores o los corredores-intermediarios se benefician económicamente al recomendar ciertas inversiones a sus clientes.

Las obligaciones legales de los diferentes profesionales financieros fueron difíciles de entender. La normativa con respecto a si un profesional financiero pone por encima los intereses de sus clientes es diferente para los corredores-intermediarios que para los asesores financieros. Estos últimos deben seguir la normativa fiduciaria, que hace que pongan por encima los intereses de sus clientes. Los corredores-intermediarios solo deben seguir la normativa menos rigurosa de lo que “más les conviene”.

Un objetivo clave para el documento del CRS es informarles a los inversionistas acerca de las diferencias clave, pero en la prueba se encontró que esto no ayudó mucho. Muchos participantes asumieron que las normativas serían las mismas, a pesar de que se describieron de diferente manera. 

“A pesar de que todas nuestras investigaciones siguen demostrando que hay confusión entre los inversionistas, identificamos oportunidades que ayudarían a los consumidores”, afirmó Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva de AARP. “Los inversionistas merecen tener una definición clara de la asesoría que más les conviene. Si bien reconocemos que no es tarea fácil llegar a dicha definición, AARP cree que para que la reglamentación sea eficaz, la SEC debe adoptar normativas más significativas y documentos más útiles”. 

AARP continúa exhortando a la SEC para que acabe con la mala asesoría (al fortalecer las reglas propuestas y los documentos de divulgación), y para que haga responsables a todos los profesionales financieros a fin de que ayuden a las personas de Estados Unidos a escoger la mejor opción de ahorro para jubilación para ellas y sus familias.